¿Qué son las liberalidades en una sociedad limitada?

Definición del concepto de liberalidad

Desde un punto de vista jurídico general, una liberalidad es un acto voluntario en el que se entrega o destina algo de valor de forma gratuita, sin exigir nada a cambio. El ejemplo típico de liberalidad es la donación: el Código Civil español, de hecho, define la donación como un «acto de liberalidad por el cual una persona dispone gratuitamente de una cosa en favor de otra que la acepta». Aplicando este concepto al ámbito empresarial, podemos considerar liberalidad cualquier salida de dinero o patrimonio de la sociedad que se hace por mera gratuidad o generosidad, sin que exista una justificación de negocio.

En una sociedad limitada, las liberalidades suelen manifestarse en gastos que no guardan relación con la actividad empresarial o que no tienen como finalidad la obtención de ingresos para la entidad. Por ejemplo, si una empresa paga gastos personales de sus socios o administradores (como viajes particulares, vehículos de uso privado, regalos personales, etc.) sin que estos gastos respondan a necesidades de la empresa, estaríamos ante una posible liberalidad. También puede considerarse liberalidad el apoyo económico sin contrapartida (como otorgar fondos a terceros o hacer donaciones caritativas que no se enmarcan en programas de mecenazgo específicos). En esencia, son gastos voluntarios y gratuitos, no imprescindibles para el negocio.

Es importante distinguir entre donativos y liberalidades. En la práctica fiscal española, ambos conceptos suelen mencionarse conjuntamente (“donativos y liberalidades”) para englobar cualquier gasto con ánimo de gratuidad. Un donativo suele ser una entrega de dinero o bienes a favor de alguien (por ejemplo, a una ONG, fundación o incluso a un tercero) sin esperar nada a cambio, por motivos altruistas o de cortesía. El término liberalidad es más amplio: abarca no solo donaciones formales, sino cualquier gasto o entrega gratuita que no obedece a la lógica empresarial de generar o asegurar ingresos. Así, todos los donativos son liberalidades, pero hay liberalidades que no son donativos en sentido estricto (por ejemplo, el pago de un lujo o capricho no necesario para la empresa).

Tratamiento fiscal de las liberalidades en el Impuesto sobre Sociedades

El marco legal fiscal en España trata de forma específica los donativos y liberalidades debido a su naturaleza no vinculada a la actividad lucrativa de las empresas. La Ley del Impuesto sobre Sociedades (LIS) establece que no son gastos fiscalmente deducibles aquellos que se consideren donativos o liberalidades. Esto significa que, a la hora de calcular la base imponible del Impuesto sobre Sociedades, la empresa no podrá restar de sus ingresos este tipo de gastos, aunque estén contabilizados. En la práctica, esto obliga a realizar un ajuste positivo en la declaración del impuesto: se suma el importe de las liberalidades al resultado contable para determinar la base imponible sobre la que se pagarán los impuestos, eliminando el efecto de ese gasto.

¿Por qué el legislador excluye las liberalidades de la deducción fiscal? Principalmente, por el principio de correlación entre ingresos y gastos. En la tributación de sociedades se busca que solo se deduzcan aquellos gastos que guardan relación con la obtención de ingresos o con la actividad económica de la empresa. Las liberalidades, al no perseguir una finalidad empresarial sino gratuita, carecen de esa correlación directa con los ingresos de la entidad. Además, existe la preocupación de evitar que a través de gastos aparentemente empresariales se encubran beneficios particulares (por ejemplo, gastos personales de socios) o se vacíen beneficios de la sociedad reduciendo artificialmente la base imponible. Calificar estos gastos como no deducibles es una medida para prevenir fraudes o abusos, asegurando que los beneficios reales de la empresa tributen adecuadamente.

Ahora bien, la propia normativa fiscal y su interpretación han reconocido que no todo gasto gratuito debe ser tratado con dureza si responde, aunque sea indirectamente, a intereses empresariales. De hecho, la Ley del Impuesto sobre Sociedades prevé excepciones claras a la regla de no deducibilidad de donativos y liberalidades. Son gastos que, aun teniendo un componente de atención o gratuidad, se consideran legítimos en el ámbito empresarial por sus propósitos. En particular, se admiten como deducibles los siguientes gastos (no se consideran liberalidades a estos efectos):

• Atenciones a clientes o proveedores: Los gastos realizados en relaciones públicas o atenciones dirigidas a clientes, proveedores u otros contactos comerciales (por ejemplo, invitaciones, comidas de empresa, detalles corporativos) son deducibles con ciertos límites. La ley impone un límite cuantitativo: el importe deducible por este concepto no puede exceder del 1% del importe neto de la cifra de negocios de la sociedad en el período impositivo. Es decir, la empresa puede deducir gastos razonables para mantener la buena relación con sus clientes y proveedores (como regalos promocionales, eventos comerciales, etc.), pero si ese gasto es excesivo (más allá del 1% de las ventas), el exceso se considerará una liberalidad no deducible.

• Gastos con empleados según usos y costumbres: Aquellos gastos que la empresa realiza en favor de su personal siguiendo usos y costumbres sociales o de la empresa tampoco se consideran liberalidades. Aquí entrarían, por ejemplo, los regalos o celebraciones tradicionales con los empleados (la clásica cesta de Navidad, la cena anual de empresa, un obsequio por bodas o jubilaciones de empleados, etc.), siempre que sean acordes a costumbres razonables. Se entiende que estos desembolsos contribuyen al buen clima laboral o a la motivación del personal y, por tanto, guardan relación indirecta con la actividad empresarial.

• Gastos para promoción de ventas: Los gastos realizados para promocionar directa o indirectamente la venta de bienes o la prestación de servicios de la empresa son deducibles. Esto abarca las acciones de marketing, publicidad, patrocinio comercial, demostraciones de producto, muestras gratuitas, etc. Aunque en apariencia pueda haber gratuidad (por ejemplo, regalar muestras o merchandising), la finalidad última es empresarial: mejorar la imagen de marca, captar clientes o incrementar ventas, por lo que no se les trata como liberalidades puras, sino como gastos necesarios para mejorar resultados.

• Gastos correlacionados con los ingresos: Esta es una categoría general que actúa de “cajón de sastre”. Incluye cualquier gasto que, sin estar en los puntos anteriores, esté correlacionado con la actividad empresarial o dirigido a mejorar los resultados de la empresa, presentes o futuros. Es un reconocimiento de que no todos los gastos útiles producen un ingreso inmediato; algunos gastos se hacen pensando en beneficios futuros o intangibles (por ejemplo, formación de empleados para mejorar productividad futura, participación en eventos del sector para ganar visibilidad, etc.). Siempre que se pueda argumentar que el gasto tiene una causa empresarial (aunque sea mediata o indirecta), no debería tratarse como liberalidad. Eso sí, esta consideración tiene un límite importante: no se incluyen aquí los gastos cuyo destinatario sea un socio o partícipe de la sociedad sin una contraprestación laboral o mercantil. Si el beneficiario último es un socio a título personal, normalmente Hacienda presumirá una liberalidad o distribución de beneficios en vez de un gasto empresarial legítimo.

El alcance de este último criterio ha sido objeto de interpretaciones y disputas. Históricamente, la Administración Tributaria tendía a aplicar de forma estricta la idea de correlación ingreso-gasto: si un gasto no generaba un ingreso directo e inmediato, era sospechoso de ser liberalidad. Sin embargo, la jurisprudencia reciente del Tribunal Supremo ha venido a matizar y acotar esta postura. En una sentencia de marzo de 2021, el Alto Tribunal aclaró que no puede considerarse liberalidad cualquier gasto contabilizado que no tenga una correlación directa con un ingreso concreto, siempre que dicho gasto tenga una finalidad empresarial. Es decir, el Tribunal Supremo fijó doctrina indicando que son liberalidades (y por tanto no deducibles) únicamente las disposiciones económicas realizadas verdaderamente a título gratuito, sin finalidad empresarial alguna (más allá del mero ánimo de liberalidad). Por el contrario, serán deducibles aquellos gastos contabilizados, aunque sean gratuitos en su forma, que estén orientados a optimizar la actividad o los resultados de la empresa, ya sea de forma directa o indirecta, en el presente o en el futuro, siempre que no tengan como destinatarios a los socios o partícipes a título personal. En otras palabras, la justicia ha dado un enfoque más amplio y realista: admite la deducción de gastos estratégicos o indirectamente relacionados con el negocio, desmontando la tesis de Hacienda de que cualquier falta de correlación inmediata convierte al gasto en liberalidad. Además, el Supremo ha insistido en que no se puede negar la deducción de un gasto real, justificado y registrado alegando simplemente que quien lo percibe es socio, si en verdad ese pago obedece a una contraprestación o servicio efectivo para la empresa.

Un ejemplo ilustrativo lo encontramos en el caso de las retribuciones a socios trabajadores. Por normativa, las remuneraciones pagadas a los administradores de la sociedad por sus funciones directivas no se consideran liberalidades (la ley expresamente las excluye de ese concepto, asumiendo que son gastos necesarios si están dentro de las funciones laborales o de alta dirección pactadas). Sin embargo, ha habido situaciones controvertidas con socios no administradores: en algunos casos, la Administración ha pretendido calificar como liberalidad el sueldo de un socio mayoritario que trabaja en la empresa, bajo la sospecha de que podría tratarse de un reparto encubierto de beneficios. En una sentencia de 2022, el Tribunal Supremo tuvo que abordar este tema, concluyendo que si existe una prestación laboral real por parte del socio, su salario no puede ser considerado una liberalidad. Es irrelevante que el receptor sea socio; lo relevante es que el pago se corresponda con un trabajo o servicio efectivo prestado a la sociedad. El Alto Tribunal razonó que negar la deducibilidad de esas nóminas bajo la etiqueta de liberalidad sería forzar la interpretación de la norma fiscal: mientras el gasto esté contabilizado, justificado y cumpla las condiciones legales (contrato laboral o mercantil válido, cotizaciones, retenciones, etc.), debe admitirse como gasto deducible. Solo si el pago al socio no responde a ningún trabajo (es decir, si fuera realmente un pago por su condición de socio y nada más) podría hablarse de liberalidad o de retribución de fondos propios. Esta doctrina refuerza la idea de mirar la causa del gasto: si la causa es empresarial (pago por servicios, por incentivos, por mejorar la marcha del negocio), no hay liberalidad; si la causa es meramente voluntaria o personal (beneficiar a alguien sin retorno para la empresa), estamos ante una liberalidad.

Ejemplos y casos prácticos de liberalidades en una S.L.

Para comprender mejor el alcance de las liberalidades, veamos algunos ejemplos prácticos, tanto de gastos que serían considerados liberalidades (no deducibles) como de gastos que, aunque tengan apariencia de gratuidad, estarían amparados por las excepciones y por tanto serían deducibles.

• Pago de gastos personales de socios: Supongamos que en una pequeña sociedad limitada, el socio único (o socios mayoritarios) cargan a la empresa gastos que en realidad son de índole personal: la factura de unas vacaciones familiares, la compra del supermercado de su casa, la reforma de su vivienda particular o la adquisición de artículos de lujo para uso privado. Este tipo de pagos no guardan relación con la actividad de la empresa y benefician directamente al socio en su esfera privada. Fiscalmente, tales gastos son el prototipo de liberalidad: la sociedad está asumiendo un coste gratuito a favor del socio. La consecuencia es que no son deducibles en el Impuesto sobre Sociedades. Además, en estos casos concretos, Hacienda suele recalificar la operación: ese desembolso se puede tratar como una retribución de fondos propios o un dividendo encubierto al socio. Por tanto, no solo la empresa no deduce el gasto, sino que puede considerarse que ha distribuido beneficios (el socio debería tributar por ello en su IRPF como rendimiento del capital mobiliario o como renta irregular). Un ejemplo real: la Dirección General de Tributos (DGT), en una consulta vinculante reciente (Consulta V0694-25, de abril de 2025), analizó el caso de una sociedad que compró un vehículo turismo y asumía todos los gastos asociados (combustible, mantenimiento, seguros) cuando dicho coche era utilizado exclusivamente por el socio único de la entidad, el cual no trabajaba en la empresa. La DGT concluyó que la sociedad estaba otorgando un beneficio personal al socio (el uso de un coche pagado por la empresa) sin que esto fuera algo necesario para la actividad. En consecuencia, determinó que la compra del vehículo y sus gastos no eran deducibles en el Impuesto sobre Sociedades, al considerarse una liberalidad que encubre una retribución al socio por su condición de socio. De hecho, ese uso del vehículo se calificó como una remuneración en especie o dividendo en especie a favor del socio, equiparable a un reparto de beneficios. Solo si el socio hubiese mantenido una relación laboral o mercantil efectiva con la empresa (por ejemplo, siendo empleado o administrador desempeñando funciones), podría haberse planteado que el vehículo fuera una forma de remuneración por su trabajo y entonces la compañía podría deducir parte de esos gastos como gastos de personal. Este caso pone de manifiesto que los socios no trabajadores no pueden beneficiarse de gastos de la empresa sin que estos sean tratados como liberalidades; la empresa debe distinguir claramente entre gastos necesarios para la operativa y gastos que en realidad son ventajas para los propietarios.

• Donaciones y regalos sin conexión empresarial: Si la sociedad limitada realiza una donación a una entidad benéfica, patrocina un evento puramente altruista o hace regalos costosos que no guardan relación con su negocio, esos desembolsos serán liberalidades. Por ejemplo, donar dinero a una ONG (sin acogerse a la Ley de mecenazgo que permite deducciones específicas) es un acto loable desde el punto de vista social, pero fiscalmente la empresa no puede deducirlo porque no es un gasto para generar ingresos. Otro ejemplo: regalar a un tercero un bien de la empresa por pura cortesía, sin que sea un cliente, proveedor o empleado relevante para el negocio, sería una liberalidad. Imaginemos que el administrador de la S.L. decide regalar un equipo informático de la empresa al hijo de un amigo por su cumpleaños; esa entrega gratuita, reflejada contablemente quizás como gasto excepcional, no tiene una finalidad empresarial y por tanto no se admite como deducción. La empresa puede contabilizarla, pero al calcular su impuesto tendrá que sumar de nuevo ese importe. En general, cualquier obsequio, invitación o beneficio dado a personas ajenas al círculo comercial de la empresa, o que sea desproporcionado, encenderá la alarma de liberalidad.

• Gastos de representación y relaciones públicas: Por el contrario, muchos gastos que implican atenciones a clientes o terceros sí pueden ser deducibles porque se enmarcan en la estrategia de la empresa. Por ejemplo, invitar a comer a un cliente importante, comprar cestas de Navidad para los mejores clientes, entregar material promocional o muestras de producto, financiar un evento para promocionar la marca, o pagar la entrada a una feria comercial para potenciales compradores, son gastos que tienen una intención comercial o de fidelización. Estos gastos se podrían considerar liberalidades en sentido estricto (ya que la empresa está gastando dinero quizás sin recibir un ingreso directo e inmediato a cambio), pero la legislación los exceptúa de la consideración de liberalidad siempre que se mantengan dentro de la razonabilidad. Si los gastos de relaciones públicas son moderados (dentro del límite del 1% de la facturación anual para gastos de atenciones a clientes/proveedores) y están bien justificados (facturas, documentación que muestre quiénes asistieron o recibieron el beneficio y con qué propósito), la sociedad puede deducirlos fiscalmente. Un punto importante aquí es el control y justificación: la empresa debe conservar comprobantes y tener una política clara de estos gastos para demostrar que, efectivamente, son para promover el negocio y no gastos personales encubiertos.

• Atenciones al personal de la empresa: Muchas compañías tienen por costumbre dar incentivos o atenciones a sus empleados más allá del salario: por ejemplo, la ya mencionada cesta o cena de Navidad, detalles por el nacimiento de un hijo, pago de determinadas celebraciones, etc. Estos gastos se realizan por cortesía y para mantener un buen clima laboral, no generan ingresos directamente, pero son habituales. La normativa fiscal los respeta siempre que correspondan a usos y costumbres razonables. De este modo, una comida de equipo pagada por la empresa para celebrar un logro anual sería deducible (no se considera liberalidad, sino gasto de personal en cierto modo). En cambio, si la empresa sufragara, por pura liberalidad, un lujo extravagante para un empleado sin justificación (imaginemos que paga la luna de miel de un empleado sin que haya ningún compromiso contractual de por medio), Hacienda podría argumentar que ese gasto no es necesario ni responde a usos empresariales, y plantear su no deducción. De nuevo, el contexto y la normalidad del gasto importan para diferenciar un gesto de cortesía razonable (deducible) de un exceso injustificado (no deducible).

• Gastos para mejorar resultados futuros: Pensemos en inversiones o gastos que una sociedad limitada realiza pensando en su futuro, aunque no produzcan un beneficio inmediato. Por ejemplo, la empresa decide sufragar la formación de uno de sus directivos en un máster de especialización, confiando en que esto mejorará la capacidad de gestión y, a la larga, la competitividad del negocio. O bien, la empresa participa gratuitamente en proyectos piloto o estudios de mercado para obtener información valiosa. A primera vista, podría cuestionarse la correlación de estos gastos con ingresos presentes. Sin embargo, encajan en lo que el Tribunal Supremo y la interpretación moderna permiten: gastos dirigidos a optimizar la actividad empresarial de forma indirecta o a futuro. Por tanto, no se deben tratar como liberalidades gratuitas, sino como inversiones en capital humano o en oportunidades de negocio, plenamente deducibles si cumplen requisitos (contabilización correcta, justificantes, y que no sean una ventaja privada para nadie ajeno a la empresa). Es importante señalar que la carga de la prueba en estos casos recae en la empresa: si Hacienda los impugna, la sociedad debe poder argumentar y documentar cómo ese gasto se vincula con su objeto social o sus estrategias de mejora.

Estos ejemplos demuestran que la frontera entre un gasto deducible y una liberalidad no siempre es obvia; depende de la finalidad real del gasto y de quién resulta beneficiado. Un mismo tipo de desembolso puede ser deducible en una circunstancia y no serlo en otra. Por ejemplo, un vehículo de empresa: si lo usa un empleado o directivo para labores de la empresa (visitas a clientes, transporte de mercancías, etc.), sus gastos se deducen como gastos de vehículo afecto a la actividad; si lo usa exclusivamente un socio que no desempeña funciones, se convierte en una liberalidad/dividendo en especie. Un regalo o invitación: a un cliente potencial importante, deducible (marketing relacional); a un amigo personal del socio, liberalidad no deducible. Una retribución: a un socio por su trabajo efectivo, deducible; a un socio por el simple hecho de ser socio (sin acuerdo de dividendos formal), no deducible. Por ello, es crucial que la sociedad limitada documente adecuadamente los gastos y, en caso de duda, los canalice de la forma correcta (por ejemplo, si se desea beneficiar a un socio con parte de las ganancias, hacerlo vía dividendos formales o retribuciones autorizadas en estatutos, no mediante facturas de gastos personales por la empresa).

Cabe mencionar que la Dirección General de Tributos emite consultas vinculantes que orientan sobre casos específicos de deducibilidad o no de ciertos gastos. Ya mencionamos la consulta sobre el vehículo para el socio no trabajador (considerada liberalidad). En otras consultas, la DGT ha confirmado criterios interesantes: por ejemplo, ha reiterado que las remuneraciones a socios trabajadores son deducibles siempre que estén correctamente acordadas, contabilizadas y respondan a un trabajo real (siguiendo la línea jurisprudencial comentada). También ha aclarado que si un gasto beneficia a un socio sin relación profesional con la empresa, se presumirá liberalidad o reparto de fondos propios (como regla general). Estas consultas sirven de guía para las empresas: conviene estar al tanto de ellas para entender cómo Hacienda interpreta los casos frontera. En resumen, la doctrina administrativa y judicial actual apunta a un criterio: no calificar de liberalidad un gasto que tenga una justificación empresarial válida, pero ser tajante en negar la deducción a todo gasto que sea, en esencia, un acto de generosidad particular a costa de la sociedad.